Desinternación : Por el Derecho a Vivir en Familia

Hace algunos días una niña llamada Lissette,  de 11 años, falleció en un centro de Sename. La situación dolorosa pone nuevamente de manifiesto el legítimo cuestionamiento de si el Estado está protegiendo a nuestros niños a través del sistema residencial. No pocos han sido los informes y fiscalizaciones tanto de tribunales como del parlamento, sin embargo falta enfrentar con decisión la búsqueda de una solución efectiva a esta situación que no nos debe dejar indiferentes. En los últimos años en el país se ha puesto de manifiesto la realidad de menores de edad separados de sus familias, a través de medidas cautelares, cuando son internados en residencias del Estado o de organizaciones colaboradoras. Tal proceso ha sido tradicionalmente percibido como una medida de protección frente a la negligencia e inhabilidad parental, sin embargo esta acción conlleva la pérdida de la vinculación con otros espacios de desarrollo positivo de la infancia que se dan en el contexto territorial, como es la escuela y las relaciones significativas presentes hasta el momento de la internación, más aún, a los efectos negativos de la separación de los menores de edad de su familia, se suman las vulneraciones propias de un sistema que evidencia prolongadas internaciones por falta de procesos de reunificación familiar.

En estos casos, la promoción de los vínculos con las familias es pobre en recursos y en metodologías de apoyo parental. Por esta razón, la Fundación San Carlos de Maipo ha impulsado desde hace más de dos años un programa de desinternación de niños en residencias de protección en conjunto a un proceso de reunificación familiar. La experiencia ejecutada por Casa del Cerro contempla apoyo terapéutico a los niños y sus familias, acompañamiento de Tutores que establecen un vínculo específico con los niños y las residencias, y apoyo legal que hace seguimiento de las causas ante los Tribunales de Familia. La experiencia ha evidenciado mejoras significativas en las familias con las que ha trabajado, lo que se refleja en el progresivo aumento de casos en procesos de acercamiento familiar y desinternación, así como en variaciones positivas de componentes de desempeño familiar medidas en distintos momentos de la intervención.

En base a nuestra experiencia en reunificación familiar y la importancia que tiene para los menores, tenemos la convicción que el Estado debe avanzar en la desinternación efectiva de los cerca de 11 mil niños y niñas que actualmente se encuentran privados de vivir con sus familias. Muchos de ellos están internados por causales que no obedecen a graves vulneraciones de derechos, sino a situaciones de pobreza y exclusión social. En consecuencia, un buen programa de apoyo familiar para ellos es más efectivo que estadías prolongadas en residencias de protección, que agravan dichas condiciones de exclusión. La Convención sobre Derechos del Niño que Chile ratificó hace más de 25 años, señala que la familia constituye el grupo fundamental de la sociedad y es el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros. Hoy nuestro país no está en condiciones de garantizar el Derecho a Vivir en familia para miles de Niños vulnerados antes y durante de su internación. Hagámonos cargo para que su pasado y su presente tampoco sea inexorablemente su futuro.

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